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Violencia doméstica
Categoría: Familia/Hogar
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Mujer Joven:  Familia/Hogar > Violencia doméstica

Violencia doméstica
Teresa Valdés E. *

La violencia que se ejerce en el hogar contra la mujer o los niños, puede ser caldo de cultivo de otras violencias y generadora de mucha inseguridad. Sin embargo, a pesar de su frecuencia e impacto, la violencia intrafamiliar en Chile no parece haber pasado del discurso en las políticas de seguridad ciudadana.  

Si bien difícilmente alguien se atrevería hoy a decir públicamente que es adecuado maltratar a una mujer, más aún, a la pareja (sea polola, esposa o conviviente), las estadísticas muestran que las mujeres a menudo experimentan violencia en el hogar. No hay un delito que se cometa con más frecuencia en nuestro país. El último estudio realizado en Chile sobre violencia doméstica (2001) reveló que en la Región Metropolitana un 50,3 % de las mujeres entre 15 y 49 años —con pareja presente o pasada—, había vivido alguna vez violencia en esa relación. De ellas, un 34,1% había sufrido violencia física y/o sexual y un 16,3% violencia psicológica (1).


Si bien la violencia física leve era más frecuente, la mitad había quedado con lesiones (moretones, rasguños, cortes o mordeduras) y un número importante con heridas penetrantes, heridas en los ojos, fracturas y dientes rotos. Una de cada 10 de las mujeres había experimentado violencia física durante un embarazo.


Los efectos de la violencia sobre la salud de las mujeres son numerosos, así como sobre los hijos y la actividad laboral que desarrollen. Entre los resultados “no fatales” de la violencia en su salud física, expertas enumeran: lesiones, inflamación pélvica, embarazos no deseados, abortos espontáneos, dolores crónicos a la pelvis, a la cabeza, problemas ginecológicos, abuso de drogas y alcohol, tabaquismo, asma, colon irritable, enfermedades de transmisión sexual, discapacidad permanente o parcial. En el aspecto psicológico señalan la depresión, estrés postraumático, ansiedad, disfunción sexual, desórdenes alimentarios, desórdenes de personalidad múltiple, y obsesivo-compulsivo (2). Los resultados “fatales” son el suicidio y el homicidio, también el feminicidio, de acuerdo con denominaciones más recientes a partir de los casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, México.


El Banco Mundial estima que el 5% de las vidas saludables de las mujeres maltratadas se pierde por causas asociadas a la violencia doméstica y sexual, representando casi el mismo riesgo de morbilidad que el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. En el caso de los hijos, cuando son testigos de la violencia entre sus padres (dos de cada tres casos, sus hijos han estado presentes o han escuchado la violencia), son frecuentes el bajo rendimiento escolar, problemas en el aprendizaje y alteraciones conductuales. En el trabajo se traduce en ausentismo, rotación y bajo rendimiento laboral de las víctimas. Las remuneraciones de las mujeres víctimas de violencia son sistemáticamente inferiores.


La extensión de este fenómeno se expresa en Chile en las denuncias en Carabineros, que han aumentado entre 1995 y el año 2003, desde 38.200 a 78.948 (Ministerio del Interior 2006), sin que ello signifique, necesariamente, un incremento de la violencia, dado el contexto favorable para denunciar a partir de la vigencia de la Ley de Violencia Intrafamiliar (N° 18.325 de 1994).


Violencia de género


Y, si bien las mujeres tienen diferencias según su inserción en la estructura social, todas viven uno o varios tipos de discriminación. Las iguala la posibilidad concreta de sufrir alguna forma de violencia en su contra, independientemente de su clase social, etnia, religión, etc.(3) Se trata de un tipo especial de violencia, “violencia de género”, entendida como aquellos actos de violencia basados en el solo hecho de pertenecer al sexo femenino, que tienen como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada (4).


Por siglos, la violencia contra las mujeres fue un tema tabú, condenado a la invisibilidad social, al silencio en la intimidad del hogar y a la justificación por las costumbres y las tradiciones culturales. No obstante, en las últimas décadas, en ámbito mundial y también en nuestro país, son significativos los avances destinados a sancionar esta práctica instalada desde hace siglos. Ejemplo de ello es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará/Brasil) aprobada por los países de la Organización de Estados Americanos 1994, que obliga al Estado de Chile al haberla ratificado.


Han sido las mujeres, sus organizaciones y movimientos los actores principales en este proceso, tanto en hacer visible la violencia, como en proponer reformas legales y políticas destinadas a reducir este flagelo. La violencia doméstica y sexual aparece como uno de los núcleos duros que impiden el ejercicio y goce pleno de sus derechos. Hoy día se entiende que constituye un atentado a los derechos humanos de las mujeres, un obstáculo al desarrollo de los países y un freno a la democracia (5).


Se trata de un hecho doblemente traumático, por cuanto esta violencia se da en el seno del hogar, aquel ámbito idealizado y considerado el espacio de mayor protección y seguridad. Y es allí donde las mujeres encuentran los mayores riesgos, siendo el hombre (padre, cónyuge o conviviente) el principal agresor. En los casos de violaciones o abuso sexual, es generalmente un pariente, conocido o amigo, alguien en quien confían la agredida y su familia.


La forma de entender la violencia doméstica como problema social tiene consecuencias tanto teóricas (cómo entendemos la violencia, el poder, la dominación, la familia, las relaciones de género), como políticas (en las leyes, programas y acciones), y las ideologías juegan un papel en ello (6)


Algunos enfatizan la llamada transmisión intergeneracional, que plantea que la violencia doméstica se debe a que los comportamientos de violencia se traspasan del padre al hijo, y los de pasividad, de la madre a la hija. Estos, cuando establecen relaciones, tienden a reproducir esas conductas. Pero las perspectivas psicológicas tienden a ignorar las características especiales de la familia como institución social. Como señala Elizabeth Jelin, la familia es un espacio paradójico, es el lugar del afecto y la intimidad, pero también el ámbito privilegiado de la violencia. La familia es al mismo tiempo el lugar del amor y de la violencia (7). Los conflictos forman parte inherente de la familia como institución social y se constituye así en el escenario en que la violencia física se experimenta primero, en que se aprende la legitimidad del uso de la violencia y los guiones culturales para ejercerla. La dominación masculina en la familia y en otras esferas pesa en la violencia intrafamiliar, herramienta útil para mantener el orden. Es un medio de control social de las mujeres, a la vez personal e institucional, simbólico y material. La pobreza, el aislamiento social y la falta de vínculos comunitarios facilitan la violencia, haciéndola multicausal.


Se trata, sin duda, de un grave problema de derechos humanos y el Estado debe proteger esos derechos de las mujeres, aun cuando sean violados en el ámbito privado de la familia y la intimidad. Una década de acción desde el gobierno muestra logros, principalmente al haber reconocido la violencia doméstica como un problema social, de salud pública, que debe ser objeto de políticas y programas. Para ello se legisló, se ha generado una red de 23 Centros de Atención en violencia intrafamiliar (SERNAM) y se atiende a las víctimas en los Centros Comunitarios de Salud Mental (Cosam). Carabineros han sido capacitados y en distintos lugares juegan un rol relevante en el combate a esta forma de violencia.


Un problema de seguridad ciudadana


Pero también se ha vuelto un problema de seguridad ciudadana y así ha sido reconocido crecientemente en el discurso oficial. La Encuesta de Opinión Pública sobre Seguridad Ciudadana realizada en 1999 por el Ministerio del Interior, muestra que las tres situaciones con que más se asocia el tema de la seguridad ciudadana son los robos sufridos en el domicilio (22,3 %), los asaltos con armas en la calle (19,9 %) y las violaciones o abusos sexuales (16,2 %).


La magnitud de las denuncias por violencia intrafamiliar, y la gravedad de aquellas por violación, han llevado a que sea objeto de otros programas, como el Programa Comuna Segura. De hecho, en el año 2003, las denuncias por violencia intrafamiliar en el país representaron un 22 % en comparación con los delitos de mayor connotación social (DMCS). Sin embargo, en Coronel dichas denuncias representaron el 51 %, una cifra tan alarmante que llevó a que el Consejo de Seguridad Ciudadana de la comuna lo considerara tema prioritario para su acción (Provoste y Guerrero 2006).


Sin embargo, no resulta fácil la inclusión de la violencia doméstica en las políticas de seguridad ciudadana y tiende a quedar en el discurso. Para el Ministerio del Interior, esta se vincula a la necesidad de mantener el orden público y velar por el funcionamiento de las leyes, centrándose más frecuentemente en las amenazas a las personas y los bienes derivadas de la actividad delictiva, en especial los robos con violencia, hurtos y diversas formas de agresión.


La seguridad ciudadana como tema, o la mayor protección de las personas frente a las amenazas derivadas de la delincuencia se ha instalado en la agenda pública, recibiendo los delitos de mayor connotación social elevada cobertura y difusión en los medios de comunicación. Pero la seguridad/inseguridad es una construcción social y cultural y debe ser colocada en un marco más amplio. El temor, la inseguridad y la definición del otro como amenaza, percepciones capitalizadas por sectores políticos de derecha, forman parte del proceso modernizador en curso, pertenecen a la “sociedad del riesgo”, como la define Ulrich Beck (8), que traslada su preocupación desde la distribución de los “bienes”, a la distribución de los “males” en la sociedad. Habiéndose erosionado las seguridades que proveían las creencias religiosas, los riesgos de la sociedad moderna aparecen como incalculables y fuera del control de las personas. Aumenta notablemente la esperanza de vida, pero la seguridad se vuelve el tema político central.


Más allá del discurso, y de experiencias aisladas, como la del Municipio de Coronel que la incluye en su Programa Comuna Segura, la violencia doméstica no ha logrado un lugar proporcional en las preocupaciones por la seguridad ciudadana. Hay resistencias ideológicas y culturales que dificultan que se reconozca a la pareja, esposo o conviviente, como el “otro amenazante”, que abusa de una situación de poder y privilegio. Hasta hace tan poco tiempo las mujeres debían obediencia al marido por ley. Incluso en la Ley de Violencia Intrafamiliar, el concepto de violencia utilizado no hace referencia al abuso de poder como elemento sustantivo de este tipo de violencia, prevaleciendo la noción de que la violencia intrafamiliar no constituye un delito, situación que la reforma en curso está intentando remediar. ¿Cómo se va a comparar al delincuente, marginal, pobre, etc. con el cónyuge legítimamente casado, o la pareja establecida por amor?


No deben sorprender las debilidades de dicha ley, en que el otorgamiento de medidas precautorias queda sujeto a la interpretación que el juez haga sobre el riesgo en que se encuentra la víctima, resultando en su desprotección. Tampoco, la falta de recursos económicos y humanos preparados para una eficiente implementación en el Poder Judicial y en las otras instancias que deben intervenir o la falta de mecanismos de control del cumplimiento de las medidas precautorias. Resulta increíble el llamado obligatorio a conciliación que contempla la ley, que junto con el desconocimiento del problema, ha significado un sin número de avenimientos forzados e ineficaces en sus contenidos. En efecto, entre el 65% y 70 % de los casos terminan por esta vía. No se contemplan mecanismos de seguimiento de las sanciones ni de los avenimientos, lo cual genera además de sensación de impunidad y desprotección, el descrédito del Poder Judicial y una desconfianza de las víctimas para recurrir nuevamente a la justicia (9).


Un problema de tales dimensiones e impacto merece atención, recursos suficientes y mayor voluntad política





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